Actualización de créditos laborales y juicios pendientes en el fallo Fernández contra Ozuna

En esta nota7 secciones · te lleva a cada parte
- 01Qué se discutía en el expediente
- 02Cómo funcionan el cálculo inicial y los dos límites
- 03Un ejemplo para entender el piso y el techo
- 04Qué juicios pendientes comprende el régimen
- 05Por qué alcanza a créditos anteriores a la reforma
- 06Los fundamentos para rechazar la inconstitucionalidad
- 07Qué resolvió y cuál es su alcance
La Suprema Corte bonaerense rechazó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 en el caso Fernández contra Ozuna y ordenó recalcular el crédito laboral. Cómo funciona el sistema que combina una tasa de interés con un piso y un techo, y por qué puede alcanzar a causas con sentencia de primera instancia recurrida.
La actualización de los créditos laborales determina cuánto conserva de su valor una deuda cuando transcurren años entre su exigibilidad y el pago. En un contexto inflacionario, el mecanismo elegido puede modificar sustancialmente el resultado económico del juicio.
En la causa Fernández, Hilda Noemí contra Ozuna, José Antonio. Despido, expediente L. 130.895, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió aplicar el artículo 55 de la Ley 27.802 y desestimó los cuestionamientos constitucionales formulados por la trabajadora. La sentencia fue registrada el 21 de octubre de 2026.
El pronunciamiento aborda dos cuestiones centrales: la validez del régimen de actualización para los juicios pendientes y su aplicación a un expediente que ya tenía sentencia de primera instancia, pero continuaba en revisión.
Qué se discutía en el expediente
La trabajadora había obtenido una sentencia favorable que reconocía diferencias salariales e indemnizaciones derivadas de un despido ocurrido en 2015. El tribunal de origen fijó los rubros a valores históricos y dispuso intereses a la tasa pasiva más alta del Banco Provincia para depósitos a treinta días.
La actora recurrió esa decisión. Sostuvo que la ausencia de actualización monetaria y la tasa aplicada provocaban una pérdida del valor de su crédito.
Mientras el recurso se encontraba pendiente, entró en vigencia la Ley 27.802. La Suprema Corte dio traslado a las partes y la trabajadora cuestionó la constitucionalidad del nuevo régimen, especialmente porque su piso del 67% podía conducir a percibir menos que el resultado de actualizar por IPC más un 3% anual.
La Corte rechazó ese planteo y remitió el expediente al tribunal de origen para que practicara una nueva liquidación conforme al artículo 55.
Cómo funcionan el cálculo inicial y los dos límites
Para aplicar el artículo 55 hay que calcular dos montos sobre el mismo crédito y para el mismo período. Los llamaremos Monto A y Monto B.
Monto A: capital más intereses a la tasa pasiva del BCRA. Se toma el capital histórico adeudado y se le suman los intereses moratorios calculados con la tasa pasiva que determine el Banco Central para estos fines. Este es el cálculo inicial que después debe compararse con los límites.
Monto B: capital actualizado por IPC más el 3% anual. Se calcula cuánto representa ese mismo crédito al actualizarlo por el IPC del INDEC y agregar el interés del 3% anual. Este monto sirve de referencia para fijar los dos límites: el techo es el Monto B completo y el piso es el 67% del Monto B.
Una vez obtenidos ambos montos, se controla el Monto A: si supera el Monto B, se reduce hasta el Monto B; si queda por debajo del 67% del Monto B, se eleva hasta ese piso; si queda entre ambos límites, se mantiene.
Por lo tanto, el esquema tiene tres reglas:
- Cálculo inicial: Monto A, integrado por el capital más los intereses a la tasa pasiva del BCRA prevista por la norma.
- Techo: 100% del Monto B, es decir, el total de capital actualizado por IPC más el 3% anual.
- Piso: 67% del Monto B, es decir, el Monto B multiplicado por 0,67.
Los límites se refieren al monto resultante, incluido el capital. El piso no se calcula sobre los intereses aislados ni sobre el capital histórico sin actualizar.
Un ejemplo para entender el piso y el techo
Supongamos que se liquida un mismo crédito hasta una misma fecha y que el Monto B —capital actualizado por IPC más el 3% anual— da $100 millones. Es una cifra hipotética para explicar la comparación; no es la liquidación del caso Fernández.
El Monto B es $100 millones; no es $67 millones. Los $67 millones son únicamente su piso: $100 millones × 0,67. El techo es el Monto B completo: $100 millones. El Monto A se obtiene con otro cálculo, por lo que puede quedar por debajo del piso, entre ambos límites o por encima del techo. La tabla muestra tres resultados hipotéticos alternativos:
Monto A: capital más intereses a la tasa pasiva del BCRA | Comparación con el piso de $67 millones y el techo de $100 millones | Total resultante |
|---|---|---|
$120 millones | Supera el techo. Se reduce a $100 millones. | $100 millones |
$80 millones | Supera el piso, pero no el techo. Se mantiene. | $80 millones |
$50 millones | No alcanza el piso. Se eleva a $67 millones. | $67 millones |
Veamos de dónde podrían salir esos $80 millones del Monto A. Supongamos, solo para ilustrar la suma, un capital histórico de $10 millones y unos intereses calculados con la tasa pasiva que arrojaran $70 millones: el Monto A sería $10 millones + $70 millones = $80 millones. Si el cálculo por IPC más 3% sobre ese mismo crédito y período diera un Monto B de $100 millones, el piso sería $67 millones. Se conservarían los $80 millones porque superan el piso y no exceden el techo. No se reduce el Monto A al 67% ni se lo reemplaza automáticamente por el Monto B. Estos importes son supuestos didácticos, no una liquidación con tasas y fechas reales.
Tampoco existe una reducción automática del 33%. Ese porcentaje expresa la diferencia máxima que el mecanismo admite respecto de la referencia de IPC más 3%, cuando el resultado queda situado en el piso.
El fallo no fija cuánto cobrará finalmente la trabajadora: dispone que esa liquidación se practique en el tribunal de origen.
Qué juicios pendientes comprende el régimen
El artículo 55 contempla los juicios que, al entrar en vigencia la ley, se encontraban en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva. Incluye expresamente los recursos de queja pendientes de resolución.
La fecha de corte que identifica el fallo es el 6 de marzo de 2026.
El expediente Fernández permite precisar una cuestión relevante: la existencia de una sentencia de primera instancia no excluye, por sí sola, la aplicación del régimen.
En este caso, la sentencia era de 2022, pero la discusión sobre la actualización del crédito continuaba abierta mediante un recurso extraordinario. La Suprema Corte aplicó el artículo 55 al resolver esa controversia.
Por eso, para analizar otro expediente, interesa conocer qué aspectos estaban recurridos, cuál era el estado procesal al entrar en vigencia la ley y si existía una decisión firme sobre la cuestión que se pretende recalcular. La sola referencia a que el juicio “ya tiene sentencia” resulta insuficiente.
El pronunciamiento no resolvió el supuesto de una condena firme con una liquidación definitivamente aprobada. Su decisión no puede extenderse automáticamente a la reapertura de ese escenario.
Por qué alcanza a créditos anteriores a la reforma
La Corte caracterizó al artículo 55 como una disposición transitoria con proyección temporal hacia el pasado.
Esa conclusión tiene una aplicación concreta en el expediente: el crédito provenía de un despido de 2015 y, sin embargo, se ordenó aplicar el régimen sancionado en 2026, porque la controversia seguía pendiente.
La antigüedad del crédito no fue un obstáculo para esa aplicación. La norma fue considerada específicamente destinada a regular la actualización de créditos reclamados en procesos pendientes.
Los fundamentos para rechazar la inconstitucionalidad
La Suprema Corte examinó tanto la diferencia de trato entre regímenes como la alegada afectación del derecho de propiedad.
En relación con la igualdad, consideró que los artículos 54 y 55 establecen métodos distintos según sus ámbitos materiales y temporales. Entendió que esa diferenciación responde a pautas objetivas y que no constituye, por sí misma, una discriminación arbitraria.
Respecto del piso del 67%, sostuvo que opera como una garantía: si el cálculo inicial queda por debajo de ese valor, corresponde elevarlo. Para respaldar el porcentaje, recurrió al criterio del precedente Vizzoti de la Corte Suprema nacional y a antecedentes propios que utilizaron ese parámetro en otros contextos indemnizatorios.
La referencia a Vizzoti integra el razonamiento de este fallo provincial; no implica que la Corte Suprema nacional haya resuelto aquí la constitucionalidad del artículo 55.
El tribunal también destacó que la actora no aportó pautas objetivas que demostraran la pérdida sustancial de valor alegada. Consideró insuficiente una afirmación general de perjuicio para invalidar la disposición.
Ambas líneas son relevantes: la decisión contiene una defensa sustancial de la razonabilidad del sistema y, además, señala una insuficiencia en la demostración del daño concreto.
Qué resolvió y cuál es su alcance
La Corte desestimó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 55, dispuso su aplicación y ordenó una nueva liquidación. Las costas se impusieron por su orden, debido a la novedad del tema.
Los cuatro integrantes coincidieron en la solución, con salvedades de algunos votos sobre referencias a antecedentes.
El pronunciamiento se concentra en la actualización del crédito y en los agravios planteados en este expediente. No constituye una validación general de toda la Ley 27.802.
Para el análisis de causas similares, deja una pauta concreta: identificar si el proceso queda comprendido en el régimen transitorio, efectuar la liquidación con la tasa prevista y comparar el resultado con el piso y el techo. Un eventual cuestionamiento constitucional deberá confrontar los fundamentos del fallo y demostrar, mediante datos y cálculos, la lesión que se invoque.
Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, causa L. 130.895, Fernández, Hilda Noemí contra Ozuna, José Antonio. Despido, registro RS-117-2026, 21 de octubre de 2026. Consultar el fallo.
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